ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EL SALVADOR ANTE LA PANDEMIA COVID-19.

 

Publicación: 25/agosto/2020

Antes de iniciar la respuesta del país a la pandemia es necesario estar conscientes si El Salvador, y específicamente el sistema de salud, estaban preparados para dar esta respuesta. En el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, se identificaron algunos aspectos previos a la pandemia: no se conoce el Plan Quinquenal de Salud; se identificó retrocesos importantes en la Reforma de Salud y el desmontaje progresivo que se está realizando de los Ecos F, cerrando en algunos casos o retirando el personal de salud, haciendo énfasis en la atención intramural; el recorte de US$33.5 millones en el primer nivel de atención en el presupuesto 2020, afectando con esto a los ECOSF y debilitando establecimientos de salud más cercanos a la población vulnerable, como las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y los Hogares de Espera Materna; y se dejaron de lado el Modelo de Salud con enfoque de abordaje integral a la persona, familia y comunidad, fundamentado en APS.

En esta realidad entro la COVID-19 a El Salvador. Al principio se reconocieron algunas acciones positivas para el abordaje inicial de la pandemia, como el cierre de las fronteras y el cerco epidemiológico en Metapán, donde se registró el primer caso; sin embargo, poco a poco se fue evidenciando las debilidades estratégicas en el marco de esta respuesta, por ejemplo: la falta de un Plan de Contingencia del Sistema Nacional de Salud, predominaron las acciones curativas sin incluir la perspectiva de la Salud Publica ni el enfoque epidemiológico, el desmantelamiento del primer nivel de atención afectó la respuesta comunitaria e intersectorial (no se tienen líneas claras sobre estos temas), se privilegió el financiamiento del Hospital El Salvador, el cual actualmente está funcionando con recursos prestados y sin personal suficiente. Asimismo, se descuido otras morbilidades que aquejan a la población, el abandono de la Promoción de la Salud y la APS, así como serias denuncias por la falta de transparencia y la corrupción en el uso de los fondos públicos aprobados para dar respuesta a la pandemia.

Otros aspectos que más han afectado el abordaje de la pandemia en el país se encuentran:

  • El Ministerio de Salud (MINSAL) ha diseñado un registro paralelo cuya información no es recopilada en el sistema de información ya establecido, lo cual hace dudar de las fuentes oficiales y no se han identificado las fuentes primarias que respaldan la información que se presenta.
  • Falta de transparencia de las cifras de la pandemia, hay ocultamiento y manipulación de los datos con el fin de ser utilizado por el ejecutivo con fines políticos partidarios, generando una crisis política para desgastar a los otros órganos del Estado.
  • El impacto en la mortalidad no se refleja en los datos oficiales, lo que deja en evidencia la falta de una estrategia para el abordaje de la enfermedad, con enfoque epidemiológico y comunitario, así como de salud pública.
  • Sistema de información paralelo manejado por asesores extranjeros que no tienen ni formación médica, mucho menos de vigilancia epidemiológica y de salud pública, quienes están tomando decisiones trascendentales sin ningún criterio técnico. Ej. Definir toma de pruebas.

Ante el reconocimiento del ministro de salud, Francisco Alabí, que existe un sub-registro significativo, la Universidad Francisco Gavidia (UFG), a través de la revista Disruptiva, presentó un análisis de datos a partir de información que fue proporcionado por personal del MINSAL de forma anónima. Disruptiva tuvo acceso a la base de datos del ministerio, los cuales registraban, hasta el 25 de junio, un total de 496 muertes confirmadas por COVID-19 y 356 con sospechas, haciendo un total de 852 fallecidos. Esos datos eran diferentes a los 152 fallecidos que reportaba el gobierno en su sitio web hasta esa fecha. Otro dato importante es el número de los decesos registrados en San Salvador, departamento más afectado con 562 fallecidos; le siguió La Libertad con 88 y Cuscatlán con 60. Los menos afectados son: Morazán, con una muerte registrada; Cabañas, con siete personas fallecidas; Chalatenango y La Unión, con ocho decesos. En el caso de los municipios, San Salvador es el más golpeado con 192 muerte, Soyapango con 90 y Mejicanos con 50. 

De acuerdo al análisis presentado por Disruptiva, se calculó un estimado de la magnitud del número de casos reales no detectados de COVID-19, considerando una tasa de mortalidad de 5 % para ese momento, lo que quiere decir que: de cien personas infectadas, en promedio estaban muriendo cinco. Otros datos importantes del estudio: se identificó que el 87.68% eran de procedencia urbana y el 12.32% de las zonas rurales; el 67.14% son hombres y el 32.86% son mujeres. Un aspecto importante de mencionar es que se evidenció la contaminación del cien por ciento de los hospitales de la red nacional, sin preparar adecuadamente áreas para la atención de los enfermos ni los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros de acuerdo al comportamiento de la enfermedad) incluyendo los Equipos de Protección Personal.

Comparando la información del MINSAL y las cifras de UFG se puede inferir que hay un subregistro del 560% en los datos oficiales. La información del ministerio, reportada el 25 de junio, arrojó la cantidad de 152 fallecidos en contraste con la base de datos y el análisis de la universidad, en donde presenta 852 fallecidos con nombre y apellido, sexo, edad, lugar de procedencia, hospital donde falleció, entre otros datos. Las cifras de impacto sobre mortalidad (sub-registro) no se reflejan en los datos oficiales, constatando la falta de una estrategia de abordaje de la enfermedad, fundamentada en la vigilancia epidemiológica y comunitaria, así como en la salud pública.

Sumado a lo anterior, se ha hecho público que ese sistema de información paralelo es manejado por asesores extranjeros que no tienen ni formación médica, mucho menos vigilancia epidemiológica y de salud pública. Ellos están tomando decisiones trascendentales sin ningún criterio técnico, como la realización o no de las pruebas de la COVID-19 a las personas con síntomas y al personal de salud, que alimentan a la vigilancia centinela a nivel nacional y también orienta la toma de decisiones.

El 17 de agosto el MINSAL reportó en su página oficial un total de 23,193 casos confirmados, 618 fallecidos, 10,995 casos recuperados, 11,580 casos activos y 18,465 casos sospechosos. El diagnóstico de los pacientes, menciona las cifras del gobierno, son: 3,599 asintomáticos, 3,303 estables, 3,219 moderados, 1,034 graves y 425 críticos. A pesar de que los 14 departamentos han presentado casos de acuerdo a la información proporcionada, la mayor cantidad de los mismos se encuentran en los municipios con alta densidad poblacional, predominando el departamento de San Salvador; sin embargo, el comportamiento es similar en las cabeceras departamentales y municipios del resto del país que comparten esa característica. Si se mantienen las cifras de sub-registro identificadas por la UFG, los datos de afectación podrían ser 6 veces más de lo que reportan los registros oficiales.

Ante este contexto, profesionales de la salud, que ha atendido esta emergencia, se ha convertido en víctima de la pandemia, debido a la indiferencia de las autoridades del ministerio. Hasta el momento no se conoce una cifra oficial de las muertes del personal de salud. Según medios de comunicación, hasta el 30 de julio se contabilizaban 104 muertes entre médicos, enfermeras, administrativos otras áreas profesionales y estudiantes de medicina. Las muertes están relacionadas con la falta de Equipos de Protección Personal y la exposición a altas cargas virales en los establecimientos de salud del sistema. A pesar de eso, no se ha generado información para analizar las causas de estos fallecimientos que orienten su abordaje y prevención.

Otro grupo vulnerable afectado por la pandemia son las embarazadas, ya que hasta el 13 de agosto se han notificado 34 muertes maternas de todas las causas, acumulando hasta esa fecha 4 clasificadas como COVID-19, 2 clasificadas como otras neumonías (que pudo haber sido COVID); sin tener ninguna información sobre las muertes comunitarias.

Ante estas cifras a nivel nacional se debe profundizar el análisis en cuanto al impacto nacional y hacer énfasis en cada municipio para definir una estrategia integral estratificada de abordaje tomando en cuenta las variables directamente relacionadas a la afectación por COVID-19. Las estrategias que como organizaciones de la sociedad civil se deben de plantear para ser retomadas tanto en el nivel nacional como en el local son las siguientes:

A NIVEL NACIONAL:

  • Revisar los procesos de generación de información de salud para contar con datos reales que orienten la toma de decisiones.
  • Promover la elaboración de un Plan de Salud integral tomando en cuenta el impacto de la pandemia en la población en general, a partir del análisis de situación y evaluación de los indicadores de salud y de desarrollo.
  • Incorporar en el Plan de salud el abordaje intersectorial y de participación ciudadana, tomando en consideración las variables identificadas y otras que aún no se han retomado en los estudios previos de acuerdo a Análisis de situación.
  • Orientar los Planes para incorporar acciones territoriales que contribuyan al control de la pandemia sin descuidar los otros problemas de salud que afectan a la población, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.
  • Trascender del abordaje de la enfermedad y complementarla con el de Promoción de la salud.

 A NIVEL LOCAL:

  • Diagnóstico de la situación territorial de acuerdo al nivel de abordaje (municipio y comunidades).
  • Incluir información de fuentes primarias y reporte de instituciones locales.
  • Definir planes de acción locales participativos (comunales / municipales), incorporando estrategias de Promoción de la Salud.
  • Promover la participación comunitaria e intersectorial.
  • Definir metodología retomando experiencias realizadas en municipios. Enfoque de epidemiologia de campo y Cerco epidemiológico inteligente, entre otros.
  • Solicitar asesoría a la academia que forman parte del observatorio COVID – 19, para el desarrollo de las metodologías y la propuesta de abordaje.
  • Establecer protocolos de seguridad personal para los equipos participantes. (tomar de base lineamientos MINSAL)
  • Gestión de fondos para el desarrollo de estrategias de abordaje local.

Correo

Contáctanos

Calle y Colonia Santa Teresa #22, San Salvador, ESA

2284 - 2379, 2284 - 1435, 2284 - 1266

Si quieres mas información sobre el trabajo de FUMA, o quieres ser parte de esta obra, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Ubicación